Madrid (españa), 21 de mayo de 2025 (SPS) – En un paso hacia la defensa de los derechos de los consumidores europeos y el reconocimiento de la soberanía del pueblo saharaui, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha exigido al Ministerio de Consumo de España que garantice la aplicación inmediata de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), dictada el 4 de octubre de 2024, sobre el etiquetado de productos procedentes del Sáhara Occidental ocupado. Esta resolución firme obliga a identificar claramente en las etiquetas que frutas y hortalizas, como tomates y melones, provienen del Sáhara Occidental, un territorio no autónomo pendiente de descolonización, y no de Marruecos, como se ha indicado de forma ilegal hasta ahora.
La sentencia del TJUE, resultado de una denuncia presentada por el sindicato agrícola francés Confédération Paysanne, reafirma que el Sáhara Occidental ocupado es un territorio distinto de Marruecos y que cualquier acuerdo comercial entre la UE y Marruecos que incluya productos de este territorio sin el consentimiento del pueblo saharaui, representando por el frente POLISARIO, vulnera el derecho internacional, en particular los principios de autodeterminación y del efecto relativo de los tratados. Además, el fallo anula los acuerdos comerciales de 2019 entre la UE y Marruecos en materia de pesca y agricultura, consolidando una victoria judicial para el Frente Polisario, reconocido como el único y legítimo representante del pueblo saharaui. Esta decisión no solo refuerza el derecho del pueblo saharaui a decidir sobre sus recursos naturales, sino que también protege a los consumidores europeos al garantizar un etiquetado veraz que evite prácticas fraudulentas.
COAG ha denunciado que, a pesar de los ocho meses transcurridos desde la sentencia, productos como los tomates cherry, cuya importación a España ha crecido un 269% entre 2014 y 2024, siguen etiquetándose como “Origen Marruecos” cuando, en muchos casos, provienen del Sáhara Occidental ocupado. “Se está produciendo una ocultación intencionada del origen real de estos productos, lo que daña los intereses de los consumidores, los productores y la población saharaui”, ha señalado Andrés Góngora, responsable del sector de frutas y hortalizas de COAG. La organización agraria ha instado al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, a esclarecer las medidas que se están adoptando para cumplir con la sentencia y evitar que las grandes empresas agroexportadoras sigan vulnerando la legislación europea.
Esta acción de COAG no solo busca garantizar la transparencia para los consumidores, sino que también representa un respaldo a la lucha del pueblo saharaui por su autodeterminación. La sentencia del TJUE, que no admite recurso, marca un precedente clave al reconocer que el Sáhara Occidental ocupado no forma parte de Marruecos y que cualquier explotación de sus recursos debe contar con el consentimiento expreso del pueblo saharaui, representado por el Frente Polisario. Este fallo, celebrado como una “victoria histórica” por el pueblo saharaui saharaui, fortalece la posición del Sáhara Occidental en el ámbito internacional y pone en jaque los intentos de Marruecos de legitimar su ocupación a través de acuerdos comerciales.
El representante del Frente Polisario en España, Abdullah Arabi, ha expresado su reconocimiento al compromiso de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en la defensa de los derechos del pueblo saharaui y su empeño por la transparencia en el comercio internacional.
En una declaración a Sahara Press Service, Arabi afirmó que “la iniciativa de COAG coincide con la preocupación que comparte el Frente Polisario con las organizaciones agrarias en la lucha por proteger los derechos fundamentales del pueblo saharaui y hacer frente a la competencia desleal derivada del etiquetado fraudulento de los productos saharauis por parte de la potencia ocupante.
Asimismo , Arabi ha renovado la plena y total disposición del Frente Polisario para continuar trabajando codo con codo con las organizaciones agrarias europeas, especialmente las españolas, en la defensa de la legalidad internacional y en la protección de los consumidores europeos frente a prácticas que vulneran sus derechos”.
La presión de COAG, junto al respaldo de la sentencia del TJUE, abre une nuevo terreno de trabajo para el pueblo saharaui y para los consumidores europeos, quienes ahora cuentan con una herramienta legal para exigir transparencia y el cumplimento de la legalidad Internacional.
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