EL AAIÚN OCUPADO / Sáhara Occidental-. La Liga para la Protección de los Presos Saharauis en las Cárceles Marroquíes (LPPS), ha denunciado la expulsión por parte de Marruecos de una delegación española de juristas de El Aaiún, Sahara Occidental,
La delegación comisionada por el Consejo General de la Abogacía Española tenía el propósito de analizar y verificar la situación de derechos humanos en las ciudades ocupadas saharauis.
Segùn un comunicado difundido por la Liga para la Protección de los Presos Saharauis en las Cárceles Marroquíes (LPPS), “este 15 de marzo de 2025, las autoridades de ocupación marroquíes impidieron la entrada a la ciudad ocupada de El Aaiún a una delegación jurídica internacional… Las autoridades las devolvieron en el mismo vuelo con destino al aeropuerto de Las Palmas, en las Islas Canarias”.
Para la Liga para la Protección de los Presos Saharauis en las Cárceles Marroquíes (LPPS) esta habitual y constante restricción de la entrada del territorio se enmarca dentro de la política de aislamiento y del bloqueo militar y mediático impuesto desde 2014.
Ante este cobarde hecho, la LPPS “expresa su profunda preocupación ante estas prácticas, que violan el derecho internacional y menosprecian los esfuerzos de las Naciones Unidas”.
Condena asimismo la expulsión de delegaciones extranjeras del Sahara Occidental y llama a la comunidad internacional a tomar medidas efectivas para obligar a las autoridades de ocupación a cesar estas prácticas y garantizar el respeto de los derechos humanos.
La ONG saharaui hace un llamado a los Estados miembros de la ONU a presionar para levantar el bloqueo militar y mediático sobre el Sáhara Occidental ocupado,
La Delegación Jurídica Técnica que ha viajado hoy al Sahara Occidental está compuesta por las juristas canarias Inés Miranda Navarro, Dolores Travieso Darías y Flora Marrero Ramos, así como por el técnico Silvestre Suárez Fernández.
Marruecos ha expulsado del Sahara Occidental a màs de 291 personas de 21 países entre profesionales de los medios de comunicación, abogados y activistas de derechos humanos por tratar de investigar o constatar la situación de los derechos humanos en el territorio.
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