El abogado español recuerda que los Acuerdos de Madrid de 1975 carecen de validez jurídica
CHAHID EL HAFED-. El abogado español Jacinto Lara afirmó que el Estado español asume una responsabilidad jurídica directa respecto al Sáhara Occidental en su condición de Potencia Administradora del Territorio, subrayando que sus obligaciones en virtud de la Carta de las Naciones Unidas siguen vigentes, y que la etapa actual exige acudir a la justicia española para obligarlo a respetar dichos compromisos y proteger los derechos del pueblo saharaui.
En su intervención durante la conferencia organizada este sábado en la sede de la Presidencia de la República sobre la Batalla Legal y la Soberanía Permanente del Pueblo Saharaui sobre sus Recursos Naturales, Lara explicó que los Acuerdos Tripartitos de Madrid de 1975 y la ley española sobre la descolonización no producen ningún efecto jurídico, al haber sido considerados por las Naciones Unidas como contrarios a las disposiciones de su Carta relativas a los Territorios No Autónomos. Destacó que, desde el punto de vista jurídico, España no ha perdido su condición de Potencia Administradora del Territorio, pese a su retirada efectiva en 1976.
Señaló que varias resoluciones judiciales españolas han reforzado esta posición, citando la decisión de la Audiencia Nacional de 2014 que reconoció la competencia de la jurisdicción española en asuntos relativos al Sáhara Occidental, precisamente por la continuidad del estatus jurídico de España como Potencia Administradora. Recordó, asimismo, otra resolución judicial de 2015 que dirigió acusaciones contra once militares marroquíes en una causa calificada como delito de genocidio.
El abogado español destacó igualmente que las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2016, 2018, 2021 y 2024 consagraron tres principios fundamentales: el reconocimiento del Frente Polisario como representante legítimo del pueblo saharaui, la afirmación de que el Sáhara Occidental es un territorio separado y distinto de Marruecos, y la exigencia del consentimiento del pueblo saharaui para cualquier acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos que incluya al territorio.
Añadió que España ha incumplido, durante más de cincuenta años, las obligaciones que le impone el Derecho Internacional, tanto en lo relativo a la protección del pueblo saharaui como a la garantía de su derecho a la autodeterminación o su protección frente a las violaciones, lo que constituye, a su juicio, una vulneración expresa de los artículos 73 y 74 de la Carta de las Naciones Unidas.
El letrado concluyó su intervención llamando a iniciar un proceso jurídico ante los tribunales españoles, comenzando por exigir a las autoridades administrativas competentes el cumplimiento de sus responsabilidades como Potencia Administradora y la no concesión de licencias o autorizaciones que afecten al territorio del Sáhara Occidental o a sus recursos naturales sin el consentimiento del pueblo saharaui, representado por el Frente Polisario, en su condición de representante legítimo reconocido judicialmente.
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