Ciudad ocupada de El Aaiún (República Saharaui), 15 de enero de 2026 (SPS) – La Instancia Saharaui Contra la Ocupación Marroquí del Sahara Occidental (ISACOM, ONG que opera desde las zonas ocupadas) emitió un comunicado condenando la decisión de las autoridades de ocupación marroquíes de impedir la entrada de una delegación española a la ciudad ocupada de El Aaiún, considerando esta acción “una prueba más de las graves violaciones de derechos humanos que se siguen cometiendo y de los intentos de ocultar la verdadera situación en las zonas ocupadas del Sahara Occidental”.
El comunicado, emitido hecho público este miércoles, explicó que “las autoridades de ocupación marroquíes impidieron a una delegación española de instituciones representativas desembarcar de un avión procedente de Canarias, tras aterrizar en el aeropuerto de El Aaiún el 13 de enero de 2026, la cual incluía a Carmelo Ramírez, Presidente de la Federación Nacional de Instituciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui y Asesor de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria; Noemí Santana Pereira, diputada de Podemos; y Fernando Ruiz Pérez, Responsable de Comunicación de Podemos en Canarias”.
El comunicado también indicó que “los miembros de la delegación se vieron sorprendidos por un bloqueo en la pista de aterrizaje, con individuos vestidos de civil acercándose a la puerta del avión para impedirles desembarcar sin revelar su identidad ni el motivo de la obstrucción, antes de ser obligados a regresar, en clara violación de los principios más básicos de transparencia y legalidad”.
ISACOM observó con gran interés la iniciativa de la delegación española de intentar entrar en los territorios ocupados del Sahara Occidental, como parte de su misión de observación e investigación sobre la situación de los derechos humanos, elogió “la valentía y el coraje del grupo y las posturas que expresaron tras ser impedidos de entrar”, lo que, según el comunicado, confirmó “la continua ocultación por parte de la potencia ocupante marroquí de la magnitud de las violaciones cotidianas que sufren los civiles saharauis”.
El comunicado de la ONG saharaui también destacó “el sufrimiento de las familias de los presos políticos saharauis, cuyo número no oficial ronda los treinta y cinco (35) presos, que se encuentran recluidos en cárceles marroquíes a cientos de kilómetros de sus hogares”, condenando “el silencio absoluto y la provocadora complicidad europea respecto a la explotación generalizada de los recursos del Sáhara Occidental”.
En este contexto, la ONG instó a las Naciones Unidas a “intervenir urgentemente para levantar la prohibición de supervisar la situación de los derechos humanos y renovar el mandato de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental”.
También instó al Estado español a “asumir sus responsabilidades como potencia administradora del territorio e intervenir para poner fin a la prohibición de que parlamentarios españoles, representantes de consejos locales y regionales, así como abogados y periodistas, entren en los territorios saharauis ocupados e informen sobre la situación de los derechos humanos”.
El comunicado concluyó enfatizando que, “impedir el acceso de observadores internacionales al territorio no ocultará la realidad de las violaciones, sino que reforzará la convicción de que el territorio debe abrirse a la observación internacional independiente”. (SPS)
