
NUEVA YORK (Naciones Unidas)-. Namibia reafirmó su firme apoyo al derecho del pueblo saharaui a la libre determinación y la libertad, haciendo hincapié en la obligación legal de las Naciones Unidas de lograr la justicia y la libertad para el pueblo del Sáhara Occidental, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones pertinentes sobre descolonización y libre determinación.
Durante los debates de la Cuarta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre cuestiones políticas especiales y descolonización, la nación hermana namibia subrayó que cualquier acuerdo o pacto comercial celebrado con terceros en relación con el territorio del Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui es ilegal y nulo, ya que socava el derecho internacional.
El representante de Namibia recordó que tras 50 años de ocupación del Sáhara Occidental en 1975, el pueblo saharaui sigue desplazado de su patria y el territorio continúa bajo administración colonial, sin que haya concluido el proceso de descolonización. Namibia, subrayó, considera que el Sáhara Occidental es un territorio ocupado y pide que se renueven los esfuerzos internacionales, en particular por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para proteger los derechos y la dignidad del pueblo saharaui de conformidad con el principio de libre determinación.
Afirmó además que la Cuarta Comisión, tiene el mandato moral y jurídico de defender los derechos de los pueblos sometidos al dominio colonial. En consecuencia, la Comisión tiene la responsabilidad jurídica de garantizar la justicia y la libertad del pueblo del Sáhara Occidental, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones pertinentes sobre descolonización y autodeterminación.
Namibia también expresó su profunda preocupación por la continua denegación del acceso a las zonas ocupadas del Sáhara Occidental a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), debido a las restricciones que desde hace tiempo impiden realizar evaluaciones independientes sobre el terreno.