BRUSELAS - El acuerdo de aviación entre la Unión Europea (UE) y Marruecos no se aplica al Sáhara Occidental, ha reafirmado el nuevo comisario europeo de Transporte y Turismo Sostenible, el griego Apostolos Tzitzikostas.
«El 3 de diciembre de 2024, en la reunión del Foro Consultivo sobre la política exterior de aviación de la UE, la Comisión informó a las compañías aéreas de la UE de que, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Acuerdo Euromediterráneo de Aviación entre la UE y Marruecos no se aplica a las rutas aéreas que parten del territorio de un Estado miembro de la UE con destino al territorio del Sáhara Occidental», escribió en su respuesta a una pregunta parlamentaria.
El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha anulado la aplicación del acuerdo de aviación UE-Marruecos al Sáhara Occidental ya que la inclusión del Sáhara Occidental infringía las normas del derecho internacional, «en particular el principio de autodeterminación, recordado en el artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas, y el principio del efecto relativo de los tratados».
En otras palabras, no existe ningún marco jurídico que regule los servicios aeroportuarios comerciales entre la UE y la última colonia de África.
En una carta enviada en 2020 por la Dirección General de Movilidad y Transporte de la Comisión Europea al eurodiputado irlandés Ciaran Cuffe, la Comisión Europea afirmaba que el Sáhara Occidental no está cubierto por ningún acuerdo de aviación de la UE y que «no se prevén negociaciones para incluir al Sáhara Occidental en un acuerdo de aviación».
Sin embargo, algunas compañías aéreas de la UE siguen ofreciendo vuelos al Sáhara Occidental, que figura en la lista de territorios no autónomos de la ONU. Según el observatorio internacional Western Sahara Resource Watch (WSRW), estas compañías operan «fuera de cualquier marco legal».
Es probable que la respuesta del comisario europeo despierte las iras del Majzen, que en los últimos meses ha estado ejerciendo una enorme presión sobre el gobierno español para conseguir la transferencia del espacio aéreo del Sáhara Occidental a Marruecos, una cuestión de gran importancia estratégica y económica para el ocupante marroquí.
