Las empresas extranjeras que explotan las riquezas del Sáhara Occidental ocupado contribuyen a prolongar el conflicto

Londres, 24/04/2016 (SPS)-  Un estudio publicado recientemente en los Estados Unidos ha indicado que las empresas extranjeras cómplices con Marruecos en la explotación de las riquezas del Sáhara Occidental ocupado contribuir a prolongar el conflicto entre Marruecos y el Frente Polisario y privan al pueblo saharaui de sus derechos a una vida digna.

En la última edición de la revista británica de Estudios del Norte de África, un estudio realizado por el presidente de Western Sahara Resource Watch (WSRW), Joanna Allan afirma que el pueblo saharaui sufre, mientras que sus riquezas son despojadas por empresas extranjeras en complicidad  con el ocupante marroquí.

Las empresas petroleras "ofrecen(...) una financiación significativa a la ocupación marroquí y crean obstáculos ante el proceso de paz de la ONU en el Sahara Occidental ",  precisa el estudio, que también hace énfasis en la ilegalidad de cualquier explotación de los recursos del pueblo saharaui.

El estudio señala que el ocupante marroquí explota los fosfatos, pescado, productos agrícolas, la sal, la arena, la energía eólica y no deja ninguna  oportunidad a los saharauis de los territorios ocupados, de beneficiarse de sus recursos

Toda  la pesca que se realiza en la costa  se lleva a cabo por embarcaciones  propiedad de marroquíes. En Dajla, donde la pesca es la principal industria, sólo el 5% de los trabajadores son saharauis, señala  el informe.

Toutes les exploitations de tomates sont la propriété de la famille royale marocaine, de puissants conglomérats marocains ou des entreprises multinationales françaises.

La industria de los fosfatos en la actualidad emplea a unos 3.000 trabajadores, sólo el 21% son saharauis y a menudo se emplean en trabajos con salarios más bajos, señala el estudio.

Todas las explotaciones de tomate son propiedad de la familia real marroquí, de grandes empresas marroquíes o de compañías multinacionales francesas.

"Paradójicamente, los refugiados saharauis  viven gracias a la ayuda humanitaria en los campamentos en Argelia y no reciben ninguna compensación por la explotación de sus recursos naturales", señala el estudio, citando el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados.

El estudio  afirma que las operaciones de explotación de los recursos del Sahara Occidental son ilegales porque se trata de una cuestión de descolonización de un territorio ocupado por una fuerza extranjera  y la comunidad internacional no reconoce ninguna  soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental .

En este contexto, el derecho internacional prohíbe a la potencia ocupante de la explotación de los recursos naturales del país ocupado sin el consentimiento de sus auténticos habitantes.

La explotación de los recursos saharauis es el que plantea el estudio como una violación de los derechos del pueblo saharaui, un tema que el Consejo de Seguridad de la ONU todavía no ha incluido en el mandato de la MINURSO, debido al veto de la Francia, señaló Allan.

Allan indicó, que la soberanía sobre los recursos naturales se ha convertido en un "objetivo estratégico" de la resistencia saharaui.

La firma de acuerdos de petróleo y gas con grandes empresas coincide con una nueva etapa de la resistencia saharaui, como la protesta de Gdeim Izik, en contra de la explotación de los recursos saharauis en 2010, recordó.

Las manifestaciones se organizan con regularidad por los saharauis para denunciar la explotación de sus riquezas y muchos activistas saharauis han sido hostigados, detenidos y torturados por el ocupante marroquí.

Además, el estudio aborda el movimiento de solidaridad internacional contra la explotación de los recursos naturales saharauis por el ocupante marroquí, que presionó para que las grandes empresas que suspendan sus operaciones de explotación en el terreno saharaui.

La "guerra diplomática" del Polisario contra la explotación de los recursos naturales fue lanzada simultáneamente con su batalla jurídica internacional, en la que ganó una demanda contra la Unión Europea (UE) en diciembre de 2015.(SPS)

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