Sáhara Occidental en la memoria y en las elecciones

Por Jesús Garay

 

El próximo gobierno tiene una oportunidad de oro para enmendar errores e iniciar una vía de verdad, justicia y reparación con el pueblo saharaui que resulta imprescindible.

Las elecciones generales al Congreso y Senado español han finalizado sin que ni en campaña ni en los análisis y valoraciones de resultados la cuestión del Sáhara Occidental haya merecido ni siquiera una mención. Era de esperar, ya que la descolonización del territorio, no figura en la agenda de los partidos políticos y ha desparecido, también hace mucho tiempo, de los principales medios de comunicación del Estado. Sin embargo, a pesar de esta ominosa capa de silencio y olvido, la cuestión de este territorio bajo administración española sigue presente en otros ámbitos internacionales, incluida la UE, coprotagonista del nuevo e inminente ciclo electoral.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas acaba de adoptar, con la abstención de Sudáfrica y Rusia, la resolución S/res/2468(2019) a fin de renovar por seis meses el mandato de la MINURSO y en la que se exhorta a las partes (Marruecos y Frente Polisario), una vez más, a reanudar las negociaciones para alcanzar “una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental”. En la recta final del Tercer Decenio Internacional para la Eliminación del Colonialismo, el caso de la colonia española es una buena muestra tanto de la incapacidad de la organización internacional para dirimir conflictos internacionales, como de la necesidad de algunas potencias —EE UU y Francia— por deshacerse de temas que, de forma tangencial, entorpecen sus objetivos geopolíticos y de explotación de recursos en la zona.

La resolución, ahonda el camino de la “realpolitik” y abunda en términos como compromiso, realismo y voluntad de las partes, obviando, una vez más, la condena a la ocupación ilegal del territorio por Marruecos, la violación sistemática de los derechos humanos, la explotación ilegal de los bienes del Sáhara Occidental y sigue sin mencionar la responsabilidad de España en la cuestión. Esto último no es de extrañar, toda vez que España forma parte del grupo de países que formulan la propuesta de resolución.

Tampoco lo es que PSOE y PP lideren conjuntamente en Europa la actividad parlamentaria para esquivar las sentencias del Tribunal Europeo declarando que los acuerdos comerciales de la UE con Marruecos no pueden incluir los productos o las aguas territoriales del Sahara Occidental. Una de las bases de la estabilidad democrática del régimen del 78 en el estado se asienta, precisamente, en evitar cualquier intento de eliminar los residuos franquistas del nuevo régimen, esperando que el paso del tiempo, el pacto de silencio y el ruido de un supuesto beneficio socioeconómico consigan el olvido definitivo. En la actualidad cada vez son más las voces que se alzan frente a este modelo y, en consecuencia, cuestiones como la represión franquista, la articulación territorial del estado, la monarquía o la neutralidad de los tribunales han vuelto a formar parte del interés público y, consecuentemente, de la discusión política.

Sin embargo, las responsabilidades e implicaciones del Estado en su acción exterior resultan menos cercanas para la ciudadanía y muy opacas en relación con los intereses que mueven realmente los hilos de la política exterior, más aún si se trata de África un continente al que España, al contrario que Francia, Reino Unido o Italia, por ejemplo, históricamente ha venido ignorado, por no decir despreciando.

El noroeste africano ha sido y sigue siendo un territorio clave para el desarrollo de la economía europea y en los últimos años también para mantener el control de los tráficos de personas, armas y otros productos entre el África y Europa. Francia ha asumido el rol de gendarme, banquero y explotador de la zona, repartiendo privilegios y beneficios a empresas y países, hecho que los gobiernos españoles hasta el momento han asumido gustosamente a cambio de liderar un papel similar en Latinoamérica, además de algunos beneficios colaterales por la pesca y otros expolios y de la cobertura de silencio que la situación le brinda a España sobre su responsabilidad directa en la guerra, el exilio, la explotación y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en los que sumió al pueblo saharaui la negativa a completar la descolonización de su entonces provincia nº 51.

Al igual que con la represión franquista, el paso del tiempo hace que cada vez sean menos las personas a las que imputar una responsabilidad directa en los hechos, y algunos como el rey emérito Juan Carlos de Borbón, gozan de impunidad total. Sin embargo, a pesar de que el reclamo popular de justicia en esta causa esté muy lejos de otras reivindicaciones sobre memoria histórica, la implicación de los gobiernos populares y socialistas no prescribe ni para la ley internacional ni en la memoria histórica. El próximo gobierno tiene una oportunidad de oro para enmendar errores e iniciar una vía de verdad, justicia y reparación con el pueblo saharaui que resulta imprescindible para cerrar de una vez por todas las complicidades de esta democracia con el franquismo y su transición y afrontar el futuro con dignidad y esperanza en la justicia.